Newsletter 3 de Julio del 2020

Estimado(a) Empresario:

 

Le envío esta newsletter, relativa a los recientes cambios en la Reforma Tributaria. Este acuerdo anunciado por el Gobierno regirá para el año comercial 2020, es decir, para la Renta del año 2021.

 

A continuación, se detallan los cambios anunciados:

 

Impuesto de 1ª Categoría para Pymes

 

El impuesto de primera categoría, para empresas con ventas menores a UF 75 mil al año y acogidas a la clausula “Pyme”, se reducirá a la mitad para los años comerciales 2020, 2021 y 2022, es decir, de una tasa de un 25% a una tasa de 12,5% en dichos períodos comerciales.

 

Para las empresas que no cumplan con estos requisitos, y por ende, con ingresos superiores a 75 mil UF, la tasa de impuesto de primera categoría sigue siendo de un 27%.

 

Depreciación Instantánea

 

Antes de esta reforma, entre el 1º de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, se descontaría de la base imponible hasta el 50% de la inversión realizada en gasto fijo. En los cambios acordados, se indica que este beneficio se aumenta al 100% para todo el país y se extiende el plazo en un año, es decir, se puede hacer uso hasta diciembre de 2022.

 

Incentivos a Proyectos de Inversión por parte de Privados.

 

Antes de los cambios anunciados, los proyectos de inversión, por sobre los US $10 millones efectuados por Privados, debían pagar al fisco el 1% del valor de la inversión. En esta nueva reforma se acordó una exención de esta contribución y, por tanto, toda la inversión se considera como gasto aceptado. Hasta ahora esta exención solo se considera para el año 2021. 

 

Incentivos a la Contratación

 

Con el fin de incentivar nuevas contrataciones por parte de las empresas, en esta reforma se crea un mecanismo de “crédito tributario” equivalente al 23% del valor de la remuneración de cada nuevo trabajador dependiente que la empresa contrate. Para esto, se fijará un mínimo de plazo de duración del contrato y un tope máximo del monto de este crédito. Esto significa que el 23% no será gasto ni egreso para el empleador.

Mis saludos

 

José A. Olivares

Director Olivares & Asociados Ltda.

Profesor Asociado en Finanzas, FEN – U. de Chile

jolivares@olivaresasociados.cl

www.olivaresasociados.cl

Newsletter 22 de mayo del 2020

Estimado(a) Cliente:

 

Les envío la Newsletter relativa a la Protección Financiera Concursal para su conocimiento, que es una herramienta financiera/legal para aquella empresa que tenga problemas de pago a sus acreedores. Esta protección fue la invocada por Casinos Enjoy para negociar con la totalidad de sus acreedores.

 

La Protección Financiera Concursal es aquel período que se otorga al Deudor que se somete al Procedimiento Concursal de Reorganización, durante el cual no podrá solicitarse ni declararse su liquidación, ni podrán iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restituciones en los juicios de arrendamiento.

Negociación en Tiempos de Crisis: Protección Financiera Concursal

Situación Casinos Enjoy

 

Uno de los titulares del 24 de abril pasado nos sorprendió anunciando el inicio del Procedimiento Concursal de Reorganización (PCR) de Casinos Enjoy. El Diario Financiero destacaba el hecho esencial enviado por la sociedad a la CMF (Comisión para el Mercado Financiero), en que destacaba que la decisión fue tomada en base a (i) la situación financiera actual de la Compañía, (ii) los flujos esperados para los próximos meses y (iii) la situación de pago para con los Acreedores de la Sociedad; tanto el estallido social como los efectos del COVID-19 derivaron en la ausencia de ingresos de su giro. Situaciones como ésta deberían replicarse masiva y lamentablemente en los próximos meses.

¿Qué es el Procedimiento Concursal de Reorganización?

 

Cabe señalar que nuestra legislación concursal[1] se estructura en torno al principio de la conservación de la empresa, y el Procedimiento Concursal de Reorganización (PCR), como aquel iniciado por Casinos Enjoy, una herramienta para reestructurar pasivos, procurando la continuidad en el tiempo de una empresa viable, con miras a permanecer como unidad productiva en el tiempo, evitando así los perniciosos efectos de la liquidación. Es importante tener presente que, si la empresa no es viable, la solución legal existente es el Procedimiento Concursal de Liquidación y, en consecuencia, un Procedimiento Concursal de Reorganización que tenga por objeto exclusivamente liquidar bienes para hacer pago a los acreedores resulta contrario al espíritu general de nuestra legislación concursal.

 

Conforme a lo indicado, el salvataje de la empresa está en el ADN de nuestra legislación, y en consecuencia busca mantener el giro, patrimonio y relaciones

 

contractuales de la empresa deudora al menos durante el tiempo en que se está llevando a cabo la negociación.

 

Ahora bien, qué duda cabe que una negociación sin protección resulta infértil para el cumplimiento del espíritu de la ley, ya que es de toda lógica que un acreedor en estas circunstancias pretenda valerse de todos los medios posibles para obtener un pronto recupero. Más aún, atendida la alterada situación económica actual, en caso de prescindirse de este Procedimiento Concursal de Reorganización no puede esperarse sino un resultado negativo para todos los intervinientes y stakeholders.

 

Entre otras consecuencias adversas, las más lógicas de advertir son las siguientes:

 

  • Bajo recupero para el acreedor.
  • Pérdida de una unidad productiva, que afecta a toda la economía, especialmente a inversionistas, trabajadores y al fisco.
  • Inicio de una cadena de incumplimientos en un ecosistema económico.

En este aspecto, y desde la perspectiva de la negociación, qué duda cabe que un Acuerdo de Reorganización Judicial correctamente liderado da mejores garantías a todos los intervinientes de satisfacer sus intereses frente a la alternativa de ejecución individual e inmediata.

 

En amparo del objetivo de preservación de entidades económicas viables, es que la ley incorporó la Protección Financiera Concursal, la que según la Corte Suprema ha sido otorgada a la empresa deudora para que ésta pueda iniciar el proceso de negociación, en un marco de tranquilidad y sin que se vea expuesta a procedimientos compulsivos que puedan significar la pérdida de la unidad productiva[2].

 

Etapas del Procedimiento Concursal

 

El Procedimiento Concursal de Reorganización, en cuyo marco encontramos la Protección Financiera Concursal, contempla las siguientes etapas:  

  

a) Presentación ante tribunal competente[3] de la solicitud de inicio del Procedimiento Concursal de Reorganización[4].

 

b) Solicitud de nominación de Veedor[5] ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

La calificación de la viabilidad del Acuerdo de Reorganización Judicial le corresponde al veedor, quien emitirá un informe inicial sobre la factibilidad de cumplimiento de la propuesta de reorganización y del monto probable de recuperación.

Asimismo, en la confección y negociación previa de la propuesta de acuerdo de reorganización participará activamente el veedor designado.

 

c) Dictación por el tribunal de la resolución de reorganización e inicio de la Protección Financiera Concursal.En esta etapa se inician formalmente las negociaciones para la propuesta de acuerdo.

 

d) Presentación de la propuesta de Acuerdo de Reorganización.La propuesta podrá versar sobre cualquier objeto tendiente a reestructurar los pasivos y activos de la empresa deudora.

 

e) Etapa de verificación, objeción e impugnación de los créditos de los acreedores,

 

f) Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización, y

 

g) Aprobación del Acuerdo de Reorganización Judicial.

 

El acuerdo de reorganización aprobado judicialmente, producirá la remisión, novación o repactación de todo o parte de los créditos, conforme a lo acordado.

Por su parte, en caso de ser rechazada la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, el tribunal dictará la Resolución de Liquidación de la empresa deudora,   de oficio y sin más trámite, en la misma junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre el acuerdo. 

 

  • Conclusión

 1.- El Procedimiento Concursal de Reorganización constituye la herramienta a aplicar para empresas deudoras viables.

2.- La situación económica actual es ciertamente excepcional y permitirían fundar las bases de un Acuerdo de Reorganización Judicial.

3.- La viabilidad de la empresa es una premisa básica para la aplicación de un procedimiento concursal de reorganización, por lo tanto la legitimidad, certeza y transparencia de la información proporcionada es vital.

4.- La Protección Financiera Concursal es sin duda una garantía eficiente para poder llevar el proceso de negociación con la tranquilidad que amerita la obtención de un acuerdo que satisfaga los intereses de los intervinientes y stakeholders.

 

 

Confeccionada por:

 

Claudio Flores

FBC Abogados

Abogado, Universidad de Concepción

Magister en Derecho Comercial, Universidad del Desarrollo

 

Partner de Olivares & Asociados en Asesorías Financieras/Reorganización.

 

 

Servicios de Olivares & Asociados:

 

  • Determinación de Capital Trabajo necesario del negocio.
  • Renegociación y Reestructuración de pasivos bancarios.
  • Análisis y Evaluación financiera del negocio.
  • Procedimiento Concursal – Situación Financiera y Negociación

 

Notas:

[1] Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, Nº20.720, de 2014.

[2] De acuerdo a la ley, la Protección Financiera Concursal es aquel período que se otorga al Deudor que se somete al Procedimiento Concursal de Reorganización, durante el cual no podrá solicitarse ni declararse su liquidación, ni podrán iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restituciones en los juicios de arrendamiento. Dicho período es el comprendido entre la notificación de la Resolución de Reorganización y el Acuerdo de Reorganización Judicial, o el plazo fijado por la ley si este último no se acuerda. Su duración será en principio de 30 días hábiles, y podrá durar hasta 90 días en caso de cumplirse los quórums de apoyo de acreedores establecidos por ley y que habilitan su prórroga.

[3] Competente conforme a su domicilio.

[4] El modelo de solicitud de inicio puede descargarse de la página de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en el siguiente link http://www.superir.gob.cl/wp-content/document/normas/NCG_N4_Modelo_Solicitud.pdf.

[5] El veedor es aquella persona natural sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, cuya misión principal es propiciar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores, facilitar la proposición de Acuerdos de Reorganización Judicial, y resguardar los intereses de los acreedores, requiriendo las medidas precautorias y de conservación de los activos del deudor, de acuerdo a la ley.

El Gobierno entrega un respiro de liquidez a las empresas. Evalúelo y tómelo.

Mis saludos

 

José A. Olivares

Director Olivares & Asociados Ltda.

Profesor Asociado en Finanzas, FEN – U. de Chile

jolivares@olivaresasociados.cl

www.olivaresasociados.cl

Newsletter 27 de abril del 2020

Estimado Empresario:

 

A continuación, paso a describir los puntos relevantes de los créditos con Garantía Covid-19 del Gobierno, publicado este 24 de abril. Lo importante son las limitaciones y restricciones que aplica en estas operaciones para que las identifique en lo resumido, así como garantías que puede la banca solicitar.

 

Olivares & Asociados puede asesorarlo en la obtención y negociación de este crédito Covid-19, así como, renegociar los créditos vigentes con la banca con tasas y condiciones adhoc a su negocio y condiciones de flujos de caja esperados. No es posible usar el “Crédito Covid-19” con garantía del Estado para reprogramar créditos vigentes o pagar cuotas morosas, sino solo para financiar operaciones mensuales por 3 meses en monto.

A.- Reglamento del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (FOGAPE) – Línea Garantía Covid-19.

     a)  Quiénes pueden acceder

 

  • Las empresas que tengan ventas hasta UF 1.000.000.

No son elegibles aquellas empresas que se encuentren en proceso de reorganización, clasificadas como cartera deteriorada en el banco, con morosidad superior de 30 días antes del 31 de octubre del 2019 para las micro y pequeñas empresas, y con morosidad superior de 30 días antes del 31 de marzo del 2020 para las medianas empresas. Dicha restricción no aplica si la empresa ha dejado de estar en mora a la fecha de solicitud del crédito Covid-19.

 

 

    b)  Uso del Financiamiento

 

  • Cubrir necesidades de capital de trabajo de la empresa, incluyendo,
  • Pago de remuneraciones y obligaciones previsionales,
  • Pago de arriendos, suministros y facturas pendientes de liquidación, obligaciones tributarias, boletas de garantía, gastos de seguros, gastos asociados al otorgamiento de Líneas, y cualquier otro gasto que sea indispensable para el funcionamiento de ésta.

 

    c)  Prohibición de Uso del Financiamiento

 

  • Para financiamientos del pago de dividendos,
  • Retiro de utilidades,
  • Pagar préstamos a personas relacionadas,
  • Para amortizar, prepagar o refinanciar créditos vigentes o vencidos que la empresa solicitante tenga al momento de solicitar este financiamiento, ya sea en forma directa o indirecta.
  • Destinarse para la adquisición de activos fijos, salvo el reemplazo de activos esenciales para el funcionamiento de la empresa.

 

    d)  Límites de Financiamiento

 

Los límites están definidos en la ley. El crédito total para una empresa es el equivalente a 3 meses de ventas, el que sería el capital de trabajo destinado a las operaciones del negocio.

La venta de cada empresa se mide en forma anual sin IVA y luego se multiplica por 25% para definir el tope máximo de crédito Covid-19 al que puede optar.

Fuente: Ley 21.229 de FOGAPE. Diario Oficial 24 de abril, 2020.

 

La tabla muestra que el financiamiento es de un 25% como máximo del nivel de ventas. El 25% significa que el monto del crédito es equivalente a 3 meses de ventas mensuales.

Ejemplo. Si su empresa vende $ 24,0 millones + IVA mensuales, entonces su venta mensual sin IVA es de UF 840 y su venta anual sería de UF 10.070. El financiamiento máximo posible sería UF 2.520, que es equivalente a $ 72,0 millones.

 

    e)  Garantía del Crédito

 

  • El crédito tiene como garantía el Gobierno de Chile línea Covid-19 por:
Monto (UF) hasta Garantía Covid-19 Empresa
UF 6.250 85% Pequeña y Micro
UF 25.000 80% Mediana
UF 150.000 70% Grandes

 

 

Esta cobertura de garantía Covid-19, por 85% a pequeñas empresas, implica que los bancos pueden solicitar garantías al cliente por el 15% restante. En el caso de medianas empresas, cuyo crédito es hasta UF 25.000, la garantía FOGAPE es de un 80%. Esto implica una negociación con el banco si exige otras garantías.

 

    f)  Plazo del crédito

 

  • Existe un período de gracia para el primer pago de la cuota de hasta 6 meses.
  • El plazo total, incluyendo el período de gracia es de 24 a 48 meses. La garantía Covid-19 durará hasta el 30 de abril de 2025. Una empresa puede solicitar el crédito en el mes de junio si desea, no tiene porqué ser a fines de abril.

B.- Comentarios de Olivares & Asociados

El crédito de la línea Covid-19 es una buena opción financiera que ha entregado el Gobierno para financiar el capital de trabajo de la empresa por un período de 3 meses. La idea es financiar gastos operacionales y el funcionamiento y producción de la empresa. Esto permite que cada empresa pueda funcionar y pagar a sus proveedores y empleados en un proceso productivo regular y hacer frente a las caídas en las ventas, debido a la pandemia que nos acecha.

 

Es necesario que la Empresa realice una buena planificación financiera, para asignar correctamente los recursos, dada la excelente oportunidad que ofrece el Gobierno, siendo el que entrega la garantía por el crédito en forma parcial.

 

  1. La Garantía de la línea Covid-19, asociada al FOGAPE del Estado, es una oportunidad para financiar/sustentar las futuras operaciones de la empresa y no caer, como desea el Gobierno, ya sea en un proceso de Reorganización o en una Insolvencia financiera (Quiebra).
  2. La Garantía de este crédito no es 100% del Estado, dejando la libertad a la banca de pedir garantías o fijar otras condiciones en la operación crediticia.
  3. Con el crédito Covid-19 no se pueden: (i) pagar cuotas de créditos vigentes o vencidos, (ii) reprogramar créditos vigentes y (iii) comprar activos fijos o realizar inversiones.
  4. Este financiamiento es canalizado a través de la banca comercial, quedando fuera las empresas de factoring y de leasing no bancarios, así como las compañías de seguros que entregan créditos hipotecarios o lease-back. Los créditos de estos organismos siguen su curso normal de cobros/pagos y no se puede utilizar la línea Covid-19 para pagar/financiar estas cuotas.

 

Es menester de cada empresa determinar el capital de trabajo que requiere para sustentar sus operaciones por los siguientes 3 meses. Para ello, Olivares & Asociados puede asesorarlo en: (i) cuantificar el uso de los recursos frescos que ingresarán a la empresa buscando el mejor destino para viabilizar la empresa en este período complicado y (ii) negociar con los agentes bancarios y no bancarios las condiciones de su reprogramación de créditos vigentes o vencidos.

 

De igual modo, Olivares & Asociados, en conjunto con un equipo de abogados asociados, puede evaluar la opción de Reorganización de las operaciones, lo que implica negociar con todos los acreedores frente a la insolvencia financiera, si es que la empresa desea acotar o limitar el pago de todas sus obligaciones, tal como lo hizo Casinos Enjoy S.A. este viernes 24 de abril o evaluar la opción de la empresa de declararse en Quiebra. 

 

El Gobierno entrega un respiro de liquidez a las empresas. Evalúelo y tómelo.

Mis saludos

 

José A. Olivares

Director Olivares & Asociados Ltda.

Profesor Asociado en Finanzas, FEN – U. de Chile

jolivares@olivaresasociados.cl

www.olivaresasociados.cl

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